Hay muertos que no valen,ejemplo: en las pasadas elecciones murieron seis personas. No hay nadie detenido por ello.
Fabián Medina
No hay proceso. No valen. Tal vez porque todos eran opositores y ni uno del partido en el poder. Porque sí hubo detenidos. Por desórdenes y protestas. Sí hubo procesos. Pero da la casualidad que todos los detenidos eran opositores, y otra vez ni uno solo del partido en el poder. Un doble rasero delincuencial del Estado. El fin es obvio y perverso: Si usted es de “los nuestros” estará protegido, aunque delinca, y si usted es de “los otros” tendrá menos derechos que un perro porque ni muerto tendrá algo de justicia.
Muertos
Demasiados muertos se han apilado en estos días. Seis en las elecciones y seis en las montañas. Estos tampoco valen. Basta ponerles la etiqueta de “bandas delincuenciales” para que nadie tenga que explicar sus muertes. Otra vez no hay investigación. Nadie rinde cuentas. Como que si la mera apelación a “bandas delincuenciales” le quitara la responsabilidad al Ejército de explicar las muertes de las personas que mata. Siempre son narcotraficantes. Siempre se halla marihuana en los cadáveres. Abigeos. Dicen testigos que estaban en una fiesta. O que los llegaron sacar de sus casas. Y que luego aparecen “muertos en combate”. Combates donde hay muertos de un solo lado y nunca heridos ni capturados. Están sobrando los muertos y faltando las explicaciones.
Los otros
En esta Nicaragua socialista, cristiana y solidaria hay muertos que valen más que otros. ¿
Se acuerdan de la masacre del 19 de julio del 2014? Hubo cinco muertos. Sandinistas. Un ataque cobarde y artero. Ahí sí hubo investigación, persecución, detenidos, procesos y condenados. A las pocas horas del crimen la jefa de Policía, Aminta Granera, salió a hablar con un enojo que nunca le habíamos visto: “Hemos recibido la orden de nuestro presidente de esclarecer a la mayor brevedad posible este hecho criminal y no vamos a escatimar ni tiempo ni esfuerzo ni sudor ni sangre…” Y así fue. Lo cual está muy bien. El problema son los “otros” muertos. Esos que no le dan enojo. Esos sobre los que ningún presidente da “orden de esclarecer”. Esos sobre lo que solo hay silencios. Impunidad.
Etiquetas
Nicaragua ya tiene mucha historia en esto de las etiquetas que ponen los gobiernos para justificar las muertes de quienes no quieren vivos. Sandino fue “bandolero”. Los guerrilleros del Frente Sandinista eran “delincuentes” o “sandinocomunistas” y en los años ochenta los contras eran “mercenarios” o “bestias del imperio”. Así que por lo menos dejénme dudar de las etiquetas que ahora pone este Ejército, si la historia se ha encargado de desmentir rotundamente a cada uno de los anteriores.
Beneficio de la duda
No es que yo ponga la mano en el fuego por nadie. Ni que pueda asegurar que alguien es armado político o un delincuente. Lo que sucede es que la historia nos ha demostrado que hay mucha mentira cuando de justificar muertes y represiones se trata. Y no confío para nada en un Estado que trata a sus ciudadanos con un doble rasero, donde unos tienen todos los derechos, incluso de matar, y otros, al revés, están expuestos a la cárcel, la persecución o la muerte por sus hechos o ideas, en nombre de la ley y, a veces, en contra de la ley. Al menos el beneficio de la duda merecen aquellos que fueron matados sin explicación alguna.
Clamor
La lista se va haciendo larga. Tres campesinos murieron cuando les estalló
una mochila bomba que “alguien” les había enviado a Pantasma en 2015. ¿Quien respondió por esas muertes?
Andrés Cerrato, campesino de Ayapal, Jinotega, temía por su vida y 18 días antes de que uniformados lo llegaran a sacar de su rancho dijo a periodistas a quién le temía: al Ejército. Apareció asesinado y con señales de tortura el año pasado.
Tres campesinos más murieron “en combate” en Ciudad Antigua, degollados algunos y con las piernas quebradas otros. Hay más. La lista es larga. Y no se trata de defender la culpabilidad o inocencia de nadie, sino de reclamar los procesos que los demuestren. Que no haya muertes que movilicen febrilmente al Estado y otras que se ignoren impunes en razón de la posición política de la víctima. Que no se pueden seguir archivando más muertes bajo la etiqueta de “bandas delincuenciales” porque cualquiera que se vuelva incomodo para quienes no los quieren vivos podría estar pronto en ese folder. Se trata de que ni el Estado ni ningún grupo tengan licencia para matar. Hay un clamor que viene de la montaña…
Una serie de crímenes registrados en el país desde 2012 a la fecha sin esclarecerse fueron recogidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre derechos humanos publicado a inicios del presente mes.
Casos como el más reciente de Andrés Cerrato, ocurrido el año pasado o de los ex Contra Santos Guadalupe Joyas Borge, conocido como “Pablo Negro” en el 2012, aparecen en el informe entre los que están en impunidad.
Refiere también que hubo varios informes que indican que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios durante enfrentamientos con grupos armados ilegales en el norte del país.
Sin embargo, la falta de investigaciones claras e imparciales sobre las muertes hizo difícil la atribución. Pero organizaciones de derechos humanos y medios independientes alegaron que algunos asesinatos tenían motivaciones políticas.
En su informe el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que los informes de tiroteos eran cada vez más comunes en la zona de Jinotega. Y se creía que los mismos estaban relacionados con la persecución del Ejército de lo que muchos llaman grupos antigubernamentales armados en la región centro-norte, aunque el Ejército se refiere a estos como criminales y/o delincuentes.
En el caso de Cerrato refiere que, el 18 de abril del 2016, este fue secuestrado y asesinado en la comunidad de San Martín de Daca, en Ayapal, Jinotega. Y recuerda que anteriormente, en febrero, Cerrato sufrió reiterados hostigamientos por parte de la Policía Nacional y el Ejército, al acusarlo de ayudar a grupos armados con motivaciones políticas.
La familia de Cerrato afirmó que hombres armados lo llevaron de su casa a la fuerza o después de la medianoche. Su cuerpo fue encontrado, aproximadamente, a tres millas de su casa más tarde ese día, con heridas de bala y signos de tortura.
Cerrato había afirmado que los soldados habían entrado en su casa en marzo y lo forzaron a confesar que tenía información sobre miembros de grupos armados, aunque Cerrato negó cualquier vínculo con los grupos. Señala que después de la muerte de Cerrato, el Ejército declaró que no realizó tales operaciones y que no tenía información sobre el caso.
El Departamento de Estado señala que la impunidad seguía siendo un problema en el país, pues no hubo novedades en el asesinato de cuatro civiles en 2013, incluido el exlíder del Contra Joaquín Torres Díaz, alias “Cascabel” o el asesinato de Yairon Díaz Pastrana en Pantasma, muerto por fuerzas militares. También menciona la muerte de Modesto Duarte, uno de los tres fallecidos a causa de la explosión de lo que se conoció como mochila bomba.
El informe señala que no hubo novedades ni investigaciones sobre el asesinato ocurrido en enero de 2015 o el asesinato en 2014 de Carlos García, ex Contra y miembro del Partido Liberal Independiente (PLI), así como de “Pablo Negro”, ni en el caso de los líderes comunitarios Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, en 2012, que supuestamente fueron asesinados por cuatro miembros de la Policía en el municipio de Pantasma.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, explicó que esto obedece a que desde hace unos años la Policía ha perdido profesionalismo.
Cuevas dijo que hay situaciones graves que la CPDH ha investigado sobre muertes de personas vinculadas a partidos políticos de oposición o movimientos rearmados, “que sí existen” y en muchos de los casos antes de ser asesinados fueron torturados.
Caso OcupaINSS
En los casos en impunidad el informe menciona el del emblemático OcupaINSS, que desde 2013 no fue investigado. Refiere que según las ONG locales, no hubo ningún esfuerzo para investigar las palizas policiales y el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. La Policía y los fiscales declararon que no tenían evidencia oficial del evento para continuar una investigación, a pesar de los videos en YouTube.
La Policía en muchos casos “es selectiva (…), nos sorprende a veces que en algunos casos aclara los hechos de manera expedita, de manera sumamente diligente y hay otros casos en los que nunca encuentran a los culpables”, dice Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.
