Justicia muerta en Nicaragua
Los abogados que conforman la Asociación de Abogados de Rivas (ASARI) son los pioneros en exigir respeto y trabajo con dignidad.
Unos 300 abogados de Nicaragua marcharon este 9 de enero y se apostaron frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Managua, en reclamo a diferentes atropellos a su laborales de parte de la Policía Nacional y Ministerio de Gobernación.
Aunque fueron victimas de amenazas para que no se realizara dicha protesta , los profesionales del derecho lograron sortear varios tranques policiales y algunos hasta viajaron un dia antes , el objetivo era intimidarnos y hasta bloquearnos expresaron varios abogados que por temor a represalias pidieron el anonimato.
Los abogados que conforman la Asociación de Abogados de Rivas (ASARI), viajaron a la capital para dejar un pronunciamiento público donde denuncian una serie de violaciones a sus derechos humanos pues aseguran que están siendo víctimas de atropellos en el ejercicio de su profesión de parte de varias instituciones del estado en este departamento.
La institución que más fue señalada de violentar los derechos laborales y del ejercicio profesional de los hombres y mujeres del derecho en Rivas, es la Policía. Según el pronunciamiento, la jefatura policial ataca la labor de ejercer la defensa de las personas que son investigados o acusados, “a quienes no se les permite la asistencia de una efectiva defensa a sus derechos”.
Entre los obstáculos que la Policía de Rivas le pone a los abogados rivenses, “están distintas formas burocráticas” para que estos puedan visitar a un detenido en las celdas preventivas, tienen que hacerlo con la autorización de un juez, y los mismos policías de Rivas le dicen a los familiares de los detenidos “que no requieren abogados, asunto que no es de su competencia determinar, por cuanto es un derecho constitucional el derecho a la defensa”, detalla el pronunciamiento.
El mismo pronunciamiento señala, que muchas veces la Policía en Rivas violenta los derechos de la libertad de los ciudadanos, pues aunque existan órdenes judiciales de libertad a favor de los detenidos, las órdenes se cumplen a prudencia de los jefes policiales, a vista y paciencia de los jueces que se subordinan a la actuación policial, “aun conociendo de esas violaciones actúan de forma pasiva”.
En su pronunciamiento los abogados afiliados a ASARI, denunciaron ser víctimas de amenazas de detención para atemorizarlos, porque supuestamente en investigaciones policiales los quieren involucrar en actos ilícitos solo por el hecho de ser abogados, de ciudadanos acusados por crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero, dijeron los abogados en la asamblea convocada a finales de la semana pasada.
GREMIO DE ABOGADOS RIVAS
En el pronunciamiento los abogados plantearon que otras instituciones como la dirección de catastro y la administración de renta de Rivas, les ponen trámites engorrosos que no son necesarios para hacerlos quedar mal con sus clientes, y hasta le dicen a los clientes que es una orientación del gobierno que el ciudadano no necesita de abogados para estas gestiones administrativas, lo que “violenta el derecho del ciudadano de decidir si contrata o no este servicio”, cuestiona el pronunciamiento.
Ante estos atropellos institucionales a la labor de los abogados estos decidieron reactivar la Asociación de Abogados de Rivas, y a propuesta del abogado René Vallejos, se crearon cuatro comisiones de trabajos conformada por destacados juristas rivenses, los cuales presentaran al plenario de ASARI, todos los problemas encontrados y las posibles soluciones, donde desde ya no se descarta solicitar una reunión con la jefa nacional de la Policía, y los responsables de las instituciones que obstaculizan la labor de los abogados en Rivas.
María Esperanza Peña, expuso a sus colegas, que la intención de reunirse no es para atacar a ninguna institución, sino que para exigir el cumplimiento de la ley, que se respete el debido proceso, y que a los abogados se les respete los derechos que las leyes y la constitución les confiere.
Unos 300 abogados de Nicaragua marcharon este 9 de enero y se apostaron frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Managua, en reclamo a diferentes atropellos a su laborales de parte de la Policía Nacional y Ministerio de Gobernación.
Aunque fueron victimas de amenazas para que no se realizara dicha protesta , los profesionales del derecho lograron sortear varios tranques policiales y algunos hasta viajaron un dia antes , el objetivo era intimidarnos y hasta bloquearnos expresaron varios abogados que por temor a represalias pidieron el anonimato.
Los abogados que conforman la Asociación de Abogados de Rivas (ASARI), viajaron a la capital para dejar un pronunciamiento público donde denuncian una serie de violaciones a sus derechos humanos pues aseguran que están siendo víctimas de atropellos en el ejercicio de su profesión de parte de varias instituciones del estado en este departamento.
En el pronunciamiento los abogados plantearon que otras instituciones como la dirección de catastro y la administración de renta de Rivas, les ponen trámites engorrosos que no son necesarios para hacerlos quedar mal con sus clientes, y hasta le dicen a los clientes que es una orientación del gobierno que el ciudadano no necesita de abogados para estas gestiones administrativas, lo que “violenta el derecho del ciudadano de decidir si contrata o no este servicio”, cuestiona el pronunciamiento.
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