CONDENAN A MADRE DE EMIGRANTE AFRICANO, LUEGO ORDENAN SU EXPULSIÓN DEL PAÍS Y LE DAN CHANCE DE LLEVARSE EL CUERPO DE SU HIJO MUERTO A BALAZOS EN UN RETEN DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA
Antes de irse del país, Mary Atanga podrá tramitar la repatriación del cadáver de su hijo Mbang Atanga, asesinado por el Ejército y la Policía Nacional
Martha Vásquez Larios
El juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, ordenó este viernes la suspensión de la ejecución de la pena a los cameruneses Mary Atanga y Joseph Tchamani Magloire, previamente condenados, esta misma mañana, a dos años y seis meses de prisión por tráfico ilegal de migrantes.
Además, ordenó la expulsión del país de ambos procesados, pero antes de irse, Mary Atanga podrá tramitar la repatriación del cadáver de su hijo Mbang Atanga, asesinado por el Ejército y la Policía Nacional. La Fiscalía no se opuso a las decisiones del judicial.
Atanga era migrante irregular y viajaba junto a su hermana Azeh Maclaire y diez africanos más hacia Estados Unidos en busca del ansiado “sueño americano”. El día 29 de septiembre a las 3:20 de la madrugada falleció Atanga después de recibir varios impactos de bala de parte de agentes del Ejército y la Policía Nacional en la carretera panamericana sur en en Rivas.
Asediada y acusada
Mary Frinwie Atanga vino junto a Joseph Tchamani Magloire, en diciembre de 2017 a Nicaragua, a reclamar el cadáver de su hijo Mbang Atanga, pero lejos de recibir una explicación por la muerte de su vástago o al menos una disculpa de parte del Gobierno de Nicaragua, fue asediada y recluida en un hotel capitalino. Luego trasladada a un albergue de Migración hasta ser acusada por tráfico de migrantes el 20 de diciembre de 2017 en audiencia privada, bajo férreo resguardo policial.
En la misma sentencia se condenó a 23 años de cárel a los nicaragüenses Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín, a quienes también los acusaron de crimen organizado y homicidio frustrado, por ser quienes trasladaban en vehículos a los migrantes ilegales el día de los hechos e intercambiar disparos con las fuerzas del órden.
A estos también se les impuso una multa de 1,333 días equivalentes a 72 mil 168 córdobas. La pena para los procesados concluye en el 2040.
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