ABOGADOS RIVENSES, CUESTIONAN DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RETRASAR JUICIOS SI TESTIGOS NO ESTÁN PRESENTES PARA INICIAR ALEGATOS, VIOLENTANDO DERECHOS DE SUS DEFENDIDOS.

EXIGIENDO RESPETO A SU DIGNIDAD FRENTE A LA SEDE  POLICIAL RIVAS 

Jueces y abogados de este departamento, criticaron fuertemente, la decisión que viene tomando el Ministerio Publico, de no iniciar los alegatos en los procesos, si los testigos no están presentes. 

Jueces y abogados de este departamento, criticaron fuertemente, la decisión que viene tomando el Ministerio Publico, de no iniciar los alegatos en los procesos, si los testigos no están presentes.  

Según los juristas, esa determinación de la fiscalía, viene a retardar más la justicia, al violentar los derechos y garantías constitucionales de los procesados, algunos con hasta dos años de estar detenidos, sin que se les brinde sentencia alguna, en clara violación a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.  

Por tal motivo, ya hubo choques legales a lo interno de los juzgados, como por ejemplo, el caso de dos procesados por el robo en la Gasolinera Petronic, ocurrido en septiembre del 2016, o sea que tiene más de cinco meses de estar en proceso, y en el cual, hace 15 días, el Ministerio Publico, solicito a la judicial Anabel Moreno Villalobos, que suspendiera el juicio, porque no llego una prueba propuesta.

Sin embargo, en esa ocasión, la juez, no accedió a la petición de la fiscalía y arranco con los alegatos, donde la defensa de los imputados solicito la extinción de la acción penal, porque los procesos no pueden ser indefinidos.  

El caso se tornó tenso, debido a la inconformidad del Ministerio Publico y la defensa, por lo que el primero al ver la acción de la judicial, solicito la ampliación de la acusación, la cual fue aceptada, ante la inconformidad de la parte defensora de los acusados, que asegura que se estaban pisoteando los derechos y garantías de sus defendidos.

Los abogados que conforman la Asociación de Abogados de Rivas (ASARI), emitieron un pronunciamiento público donde denuncian una serie de violaciones a sus derechos humanos pues aseguran que están siendo víctimas de atropellos en el ejercicio de su profesión de parte de varias instituciones del Estado en este departamento.

La institución que más fue señalada de violentar los derechos laborales y del ejercicio profesional de los hombres y mujeres del derecho en Rivas, es la Policía. Según el pronunciamiento, la jefatura policial ataca la labor de ejercer la defensa de las personas que son investigados o acusados, “a quienes no se les permite la asistencia de una efectiva defensa a sus derechos”.

Entre los obstáculos que la Policía de Rivas le pone a los abogados rivenses, “están distintas formas burocráticas” para que estos puedan visitar a un detenido en las celdas preventivas, tienen que hacerlo con la autorización de un juez, y los mismos policías de Rivas le dicen a los familiares de los detenidos “que no requieren abogados, asunto que no es de su competencia determinar, por cuanto es un derecho constitucional el derecho a la defensa”, detalla el pronunciamiento.

El mismo pronunciamiento señala, que muchas veces la Policía en Rivas violenta los derechos de la libertad de los ciudadanos, pues aunque existan órdenes judiciales de libertad a favor de los detenidos, las órdenes se cumplen a prudencia de los jefes policiales, a vista y paciencia de los jueces que se subordinan a la actuación policial, “aun conociendo de esas violaciones actúan de forma pasiva”.

En su pronunciamiento los abogados afiliados a ASARI, denunciaron ser víctimas de amenazas de detención para atemorizarlos, porque supuestamente en investigaciones policiales los quieren involucrar en actos ilícitos solo por el hecho de ser abogados, de ciudadanos acusados por crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero, dijeron los abogados en la asamblea convocada a finales de la semana pasada.

En el pronunciamiento los abogados plantearon que otras instituciones como la dirección de catastro y la administración de renta de Rivas, les ponen trámites engorrosos que no son necesarios para hacerlos quedar mal con sus clientes, y hasta le dicen a los clientes que es una orientación del gobierno que el ciudadano no necesita de abogados para estas gestiones administrativas, lo que “violenta el derecho del ciudadano de decidir si contrata o no este servicio”, cuestiona el pronunciamiento.

Ante estos atropellos institucionales a la labor de los abogados estos decidieron reactivar la Asociación de Abogados de Rivas, y a propuesta del abogado René Vallejos, se crearon cuatro comisiones de trabajos conformada por destacados juristas rivenses, los cuales presentaran al plenario de ASARI, todos los problemas encontrados y las posibles soluciones, donde desde ya no se descarta solicitar una reunión con la jefa nacional de la Policía, y los responsables de las instituciones que obstaculizan la labor de los abogados en Rivas.

María Esperanza Peña, expuso a sus colegas, que la intención de reunirse no es para atacar a ninguna institución, sino que para exigir el cumplimiento de la ley, que se respete el debido proceso, y que a los abogados se les respete los derechos que las leyes y la constitución les confiere.

GREMIO DE ABOGADOS RIVAS

La Asociación de Abogados de Rivas emitió un comunicado en el cual se quejan  de varias instituciones en las que aseguran les están poniendo una serie de obstáculos que les impiden realizar su plena labor como profesionales, y en el caso de la Policía Nacional hasta dicen sentirse atemorizados por los operativos policiales.

En el documento, los abogados aseguran que las autoridades de la Policía han amenazado con detener a varios colegas e involucrarlos en actividades ilícitas, y, según ellos, todo se debe a que defienden a personas que son procesadas por crimen organizado.

Pero según los abogados, en estos casos la obligación de ellos es en actas notariales, dar fe pública de los actos que realizan los particulares, “no ejercer labor de investigación y persecución”.

A la vez, señalan que en la Policía de Rivas constantemente les obstaculizan ejercer la legítima defensa de sus clientes y que se atropella el derecho de la defensa.

“Así también se ha venido violentando nuestra función social, cuando en distintas instituciones ligadas a nuestro trabajo se imponen requisitos administrativos  sin ningún sustento en la Ley --como en la Dirección de Catastro y en la Administración de Rentas--, las cuales hacen que el esfuerzo por tramitar inscripción de bienes inmuebles sea engorroso y tardío”, señala el comunicado.

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